Consideran que hay anomalías que deben ser aclaradas sobre el caso Safety-Municipio de Loja.
Johanna Ortiz Villavicencio, Lucía Placencia Tapia, Byron Maldonado Ontaneda y Manuel Medina Qhizhpe, asambleístas por Loja de manera conjunta impulsan el proceso de fiscalización y control al Consejo de la Judicatura por las presuntas irregularidades en la acción de protección emprendida por la Empresa Safety Enforcement en contra del Municipio de Loja.
Hay que recordar que la jueza de Quevedo, Jenny Patricia Freire Arias ordenó al Municipio de Loja pagar una suma de cerca de 12 millones de dólares, situación que a más de sorpresa genera preocupación. Este jueves (2 de diciembre de 2021) al mediodía se cumplirá la audiencia de apelación, misma que genera expectativa en las autoridades y la comunidad.
Labor de los asambleístas
Una solicitud de información a la presidenta del Consejo de la Judicatura, Carmen Maldonado Sánchez, es lo que presentaron los asambleístas, documento en el que piden que se informe las acciones de control por los presuntos actos irregulares en el sorteo del pedido de acción de protección que derivó en Quevedo.
“Tenemos la facultad para solicitar los informes certificados de las actuaciones judiciales”, afirma la legisladora, Lucía Placencia, quién cuenta que el 24 de noviembre de 2021 el Ayuntamiento les hizo llegar la información, de ahí analizaron en conjunto con apoyo de profesionales del derecho y ante las diversas inquietudes, buscan respuestas en base a las competencias que tienen.
Insiste que lo que buscan es conocer lo que sucedió. “Hay muchas cosas que nos preocupa y varias interrogantes que esperamos nos aclaren”, enfatiza la asambleísta.
“Sin miramientos políticos decidimos unirnos”, empieza expresando el legislador, Byron Maldonado, quién seguidamente sostiene que existe mucha preocupación y por eso hay que agotar todas las opciones que existen.
“Presentamos las observaciones y solicitamos información sobre las presuntas irregularidades de la acción de protección”, refiere e insta que, como consecuencia del contrato para realizar el control de velocidad, que desde el principio tuvo controversias, se presentó la acción de protección que se deriva a Quevedo. Considera que es lo primero en analizar, la competencia y la jurisdicción a la que se dispone.
“Hay otras situaciones que se han presentado, por lo que, esperamos que los tres jueces que participarán en la audiencia del jueves puedan fallar en favor de la verdad”, puntualiza.
CLAVE
Solicitud
Se certifique, a través de la unidad administrativa correspondiente, si el día 11 de octubre de 2021, dentro del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano ‘SATJE’, existen actuaciones judiciales correspondientes al juicio Nro. 12283-2021-01693, emitidas antes del sorteo, por los servidores Jenny Patricia Freire Arias, jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Quevedo; y, Jaime Germán Silva Colcha, secretario de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Quevedo;
¿Informe comedidamente el número de fojas que adjuntó el accionante al ingreso de su petición el día 11 de octubre del 2021, en el proceso judicial Nro. 12283-2021-01693? A efectos de evidenciar el tratamiento eficaz y la calificación correspondiente que la jueza realizó en aproximadamente 15 minutos, desde el ingreso de la demanda.
Se inicie las acciones pertinentes por parte del Consejo de la Judicatura para investigar a los servidores Jenny Patricia Freire y Jaime Germán Silva; así como del servidor o servidores a cargo de la unidad de sorteos en dicha sede judicial;
Que se realice respectivamente una auditoría interna del sorteo de jueces del proceso judicial Nro. 12283-2021-01693, informando específicamente cuantos titulados se encontraban de turno el día 11 de octubre del 2021, a partir de las 17:00 y si es que la jueza Jenny Patricia Freire Arias, era uno de ellos.
Se cumpla con la obligación constitucional de velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial en el caso de la denuncia; especialmente en la segunda instancia, que es la que se encuentra en trámite.
Se certifique el motivo por el cual la acción constitucional Nro. 12283-2021- 01693 fue ingresada como: “…petición de Audiencia de Formulación de Cargos, por el Delito Flagrante de Tipo de procedimiento: Garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales…”.