Libertad de expresión

Recuerdo con indignación la persecución que el «correato» realizó a periodistas y medios de comunicación, quienes se convirtieron en los principales críticos de la concentración del poder, violación de los principios democráticos e institucionalización de la corrupción. Las investigaciones periodísticas fueron determinantes para que Correa sea un prófugo de la justicia, con el estigma de haber convertido a su gobierno en el más corrupto de la historia ecuatoriana.

Cumpliendo sus ofertas de campaña, el presidente Lasso envió a la Asamblea Nacional el proyecto para aprobar una nueva «ley de comunicación», con lo que ha retornado el inconcluso debate sobre la obligación que tiene el Estado de garantizar la «libertad de expresión», que es un derecho fundamental regulado en la «Declaración Universal de los Derechos Humanos”, “Convención Americana sobre Derechos Humanos” y Constitución de la República del Ecuador.

La aprobación de una «ley de comunicación» es una disposición constitucional obligatoria. Por lo tanto, estamos frente a la necesidad de lograr el equilibrio entre, por un lado, la potestad del Estado para regular y controlar, y por otro, la defensa del derecho a la libre expresión de todos los ciudadanos, incluyendo a quienes creemos que los cambios que necesita el Ecuador y América Latina deben impulsarse dentro del marco de la democracia, único sistema político que tiene viabilidad en el mundo contemporáneo.

Gustavo Ortiz Hidalgo

gortizhidalgo@yahoo.com

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