¿Puede el Estado obligar a una niña a llevar su embarazo hasta el final aun cuando está en riesgo su vida? ¿Por qué una mujer violada no tiene la posibilidad de abortar de forma segura?”, esto debemos preguntarnos. La violación y el embarazo adolescente son un problema de grandes consecuencias, sociales y psicológicas. El aborto es un problema de salud pública. Cada año, un promedio de 2.000 niñas menores de 14 años se embarazan en el país y el 80% es producto de una violación de un integrante del entorno familiar o social. Esos son los datos que revela el estudio “Vidas robadas”, desarrollado por la Fundación Desafío.
La asamblea ya empezó el primer debate sobre el proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación y este organismo tiene la oportunidad histórica de defender las vidas de nuestras niñas y mujeres forzadas a ser madres aún después de que su integridad completa fue ultrajada por una violación. Hoy en día el estado tiene la oportunidad histórica de defender a las miles de niñas que han sido obligadas a ser madres, de aprender de las mujeres que han muerto en abortos clandestinos y que su deceso no hay sido en vano. Hoy en día la asamblea debe recordar que vivimos en un estado laico desde hace más de un siglo, y que cada uno debe guardarse el fuero interno, sus creencias, sus espiritualidades, para decidir sobre sí mismo y jamás imponerlas a los demás. Decidir sobre las vidas de las demás personas, incluso sobre si una niña o mujer debe ser madre después de una violación, no nos hace pro vida, tan solo delata el ego de que los demás hagan, digan y crean lo que uno hace, dice y cree negando la realidad más allá del metro cuadrado de cada uno.
“Vivir una maternidad forzada, equivale a robar lo más preciado que tenemos los seres humanos, es robar el tiempo para soñar, desear, decidir y vivir la vida como uno quiere” Fundación Desafío.
Pablo Ruiz Aguirre
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