La propuesta del presidente Lasso para cambiar la Ley Orgánica de Comunicación por otra que fortalezca la libertad de expresión retoma el debate sobre las condiciones de los actores del sistema de comunicación social.
Las interacciones entre personas, medios, instituciones y el Estado en ambientes de tolerancia y de garantías fomentan las libertades de expresión, información, prensa y otras que derivan en el derecho a la comunicación.
El proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación además de acoger recomendaciones internacionales anima la creación de medios de comunicación y procura seguridad para el ejercicio del periodismo, sin embargo, preocupa un probable retroceso en la institucionalidad y las manifestaciones de diversidad, pero fundamentalmente porque se legisla sobre un mundo analógico que va camino a Internet.
Las proporciones del espectro radioeléctrico vistas como un paso hacia la equidad desparecen, igual que el Consejo de Comunicación, institución que en otros países determina escenarios para que los ciudadanos y las empresas aprovechen los desarrollos de las telecomunicaciones. Por otro lado, si bien la autorregulación evita la supeditación a intereses absolutistas de los gobernantes abre una puerta a la subjetividad de los particulares, tal vez un acuerdo sobre estándares de calidad sea una alternativa de consenso.
El proyecto del presidente Lasso ofrece una oportunidad para dialogar sobre el futuro de la comunicación, un futuro que ya no está en los tradicionales medios de comunicación. Bienvenida la discusión pública, ojalá que esta vez no ocurra como hace 10 años cuando varias de las cuestiones emergentes fueron expuestas, pero no incorporadas por los asambleístas de entonces.
Abel Suing
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