Ecuador llega a este cambio de gobierno con una deuda social impagable. Las cifras son conocidas, pero su crudeza no deja de estremecer, casi la mitad de la fuerza laboral sobrevive en la informalidad, y nuestros jóvenes emigran o caen en las garras del crimen por falta de oportunidades. Mientras, las élites económicas y políticas discuten abstractamente sobre «equilibrios macroeconómicos», como si el país pudiera esperar más tiempo. Durante décadas, nos han vendido la falacia de que el crecimiento económico por sí solo sacaría a los pobres de la miseria. Los resultados están a la vista: el PIB puede crecer, pero la desigualdad se ha vuelto estructural. Las políticas públicas de los últimos años han sido parches temporales –bonos que calman el hambre, pero no generan autonomía, subsidios que alivian síntomas, pero no curan la enfermedad. El asistencialismo sin transformación es un placebo moral. No necesitamos más limosnas, sino justicia. Para lo cual se deben trabajar en cinco reformas que son urgentes:
– Una Revolución Fiscal: Es inmoral que mientras una familia pobre paga IVA, las grandes fortunas tributen menos del 2% de sus ingresos. Necesitamos impuestos progresivos reales, no más regalías a los de siempre.
– Educación que Enseñe (de Verdad): ¿De qué sirven escuelas vacías de contenido? Exijamos un plan nacional para formar docentes de excelencia y aulas donde se aprenda a pensar, no a memorizar.
– Salud Preventiva: No es aceptable que los pobres mueran de enfermedades curables mientras el presupuesto en salud se gasta en burocracia. Hospitales con medicinas y médicos en zonas rurales: eso es soberanía sanitaria.
– Seguridad con Inteligencia: Más armas y estados de excepción solo generan espejismos de paz. La verdadera seguridad viene del empleo digno, la justicia expedita y la reinserción real.
– Economía para la Gente: Microcréditos a tasas justas, mercados públicos para pequeños productores, tecnología al servicio de los emprendedores populares.
Si el nuevo gobierno –sea cual sea su signo– insiste en gobernar para las cifras y no para las personas, Ecuador se encamina a un estallido social sin precedentes. La paciencia de los excluidos tiene límites. Basta ver lo ocurrido en otros países de la región: cuando la política es sorda, las calles se convierten en tribunal. Pero hay una alternativa: gobernar con la gente, no para la gente. Involucrar a las comunidades en el diseño de soluciones, transparentar cada dólar del erario, priorizar lo urgente sin perder de vista el futuro. A las nuevas autoridades que asumirán el poder, la historia los juzgará por una sola pregunta: ¿Cuántas vidas mejoraron realmente bajo su mandato? No hablamos de discursos o inauguraciones, sino de si un niño pobre comió mejor, si un joven encontró empleo digno, si una familia dejó de temer por su seguridad.
Marco A. González N.
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