El Estado tiene, dice Weber, el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Es decir, ejerce la violencia y la fuerza de sus aparatos represivos con todo el aval institucional y legal que le ha sido otorgado históricamente.
La policía y los militares, brazos armados del Estado, cuentan no solo con los medios y las herramientas para el uso de la violencia o de la fuerza, sino que además cuentan con recursos para su formación, con el equipamiento necesario para su defensa, y con el apoyo irrestricto del gobierno de turno. Es decir, el Estado tiene el derecho a la violencia, el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de la gente. El poder que se ejerce desde el gobierno -a cargo del Estado-, es a favor de unos y en contra de otros.
Las masivas protestas sociales se fraguan desde siempre, cuando las grandes mayorías -subalternas, vejadas, desprovistas de oportunidades- no han sido respetadas, y sistemáticamente han sido silenciadas, condenadas al atraso, o al olvido. Y desde ese descontento genuino, ciudadano, estudiantil, campesino, desde la precariedad de las formas de vida, es que nace la resistencia a la violencia del Estado que no cumple con mirar de frente a la pobreza, a la educación, a la salud.
El tejido de los movimientos sociales en el país ha jugado roles determinantes en el rumbo de nuestros pueblos, y su lucha debe ser respetada. Lejos de satanizarla, hay que comprender las condiciones críticas que provocan sus movilizaciones y resistencias. La más vieja forma de conquista de reivindicaciones sociales, no puede ser sofocada simplemente con más violencia estatal.
Pablo Vivanco Ordóñez
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