La Justicia dispone reintegrar de manera inmediata al cargo a una servidora municipal

Sara Jimena Quizhpe Vire, quien tiene una enfermedad degenerativa, asistió en su silla de ruedas a la audiencia. Una acción de protección falló a su favor. No quisieron jubilarla.

La audiencia se cumplió el último martes, 17 de diciembre de 2024, en la Unidad Judicial de Catamayo.
La audiencia se cumplió el último martes, 17 de diciembre de 2024, en la Unidad Judicial de Catamayo.

La Unidad Judicial de Catamayo, en la provincia de Loja, vía fallo, dispone a la Municipalidad, encabezada por la alcaldesa, Janet Guerrero Luzuriaga, reintegrar a su puesto de trabajo a la funcionaria, Sara Jimena Quizhpe Vire, quien viene laborando en la institución desde 2019. Deberá, asimismo, cancelar a la afectada su sueldo no percibido durante varios meses y otros.

Una distrofia muscular

Susana Judith Guzmán Ordóñez, quien ejerció la defensa técnica de la servidora, cuenta que Sara Jimena, en 2022, empieza a sentir molestias en su organismo hasta que, en 2023, se le detecta una distrofia muscular, catalogada por el Ministerio de Salud Pública como enfermedad rara degenerativa.

Detectado el mal, la funcionaria corre traslado de aquello al Municipio, dando a conocer las complicaciones en su salud, a las cuales se suma osteoporosis.

En 2023 sufre una caída y se complica su estado, es intervenida quirúrgicamente por dos ocasiones, pero la osteoporosis impidió que sanara completamente y más bien se torna crítico su estado físico.

El 6 mayo de 2024, un médico le señala reposo absoluto por el lapso de 30 días, situación que la hace conocer a la entidad municipal, aunque solicita vacaciones por ese lapso hasta que, en los primeros días de junio, mediante un mensaje, “sin oficio ni notificación”, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) le informa que ha sido desvinculada por su patrono: el Municipio. 

Protección laboral reforzada

En julio presenta un escrito detallando que, por su condición de salud, tiene derecho a una protección laboral reforzada y en agosto le responde el Municipio que aquello no surte efecto porque su enfermedad es general cuando, con fecha 16 de mayo, el médico le alerta a la institución que Sara Jimena atraviesa por una situación de discapacidad, pero nada de aquello convence y la empleada queda fuera de su cargo.

Días antes, el 29 de mayo, la entidad le hizo firmar un contrato de trabajo ocasional por abril y mayo, como así lo venía haciendo desde 2019, ya que no cuenta con un nombramiento. Labora en la parte turística. Solicita también que le permitan cumplir su actividad mediante teletrabajo que la ley, según la profesional del Derecho, le permite por su situación de salud y por ser un caso excepcional. No le dan respuesta alguna y, a pesar de ello, la desvincula la institución.

La acción de protección

En este contexto, hace unos 20 días, la afectada presenta una acción de protección, cuya audiencia se realizó en la Unidad Judicial de Catamayo, a las 16:00 del último martes, 17 de diciembre de 2024. El juez resuelve que Sara Jimena sea reintegrada a su trabajo, que se le cancele las remuneraciones no efectivizadas desde junio hasta la presente fecha, al igual que se aporte de manera inmediata al Seguro Social.

Señala que, a su defendida, con 60 imposiciones al IESS, a través de Trabajo Social del Municipio, bien puede acogerse a la jubilación, sea por invalidez o por enfermedad. Ella al momento se encuentra en una silla de ruedas. Tampoco se le dio paso y fue una agravante más para presentar la acción de protección que el juez le dio la razón en todas sus partes.

No a los actos de persecución

De igual manera, la sentencia dispone que, contra la empleada municipal, por haber acudido a la Justicia, no existan actos de persecución, ni de repetición. “Es el tercer caso que manejo contra el Municipio de Catamayo por afectaciones a los derechos de personas vulnerables”, revela la abogada defensora, Susana Judith Guzmán Ordóñez.

  • PARA SABER 

Sara Jimena tiene 31 años de edad y es de estado civil soltera.

  • CLAVE

El Municipio, a través de su abogado, tras el fallo, anunció que espera la resolución por escrito para considerar la apelación.

  • VOZ

Hemos pedido que la entidad ofrezca disculpas públicas y que se capacite, empezando por la autoridad, en estos temas de vulneración de derechos”,

Hay que gobernar con la legalidad con la justicia, pero también con la sensibilidad”,

Susana Judith Guzmán Ordóñez,

abogada defensora

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