El problema de inseguridad que hoy atraviesa el país no es únicamente una cuestión de bandas criminales, balas, cárceles o disputa de territorios. Es, ante todo, una crisis profunda de la justicia. Ninguna política de seguridad, ni plan militar —sea cual sea el nombre que se le asigne, como la denominada “ofensiva total”— podrá ser realmente eficaz si el sistema judicial, llamado a investigar, juzgar y sancionar, se encuentra debilitado, cooptado o permeado por la corrupción y el crimen organizado.
En ese contexto, la ciudadanía ha perdido la confianza en la administración de justicia. No solo importa la corrupción que efectivamente existe dentro del sistema judicial, sino también aquella que se percibe. Esa sensación generalizada de impunidad resulta igual de dañina. Cuando la justicia deja de ser predecible, imparcial y firme, la estructura del Estado de derecho entra en una fase crítica.
Durante años, el país ha transitado de reforma en reforma del sistema judicial. Sin embargo, muchas de estas han operado más como medidas de contención y estrategias de comunicación política que como soluciones reales a la crisis estructural que vive el Ecuador. La realidad demuestra que tales reformas no funcionan, independientemente del nombre que se les ponga, cuando el problema no es superficial, sino que se encuentra arraigado en la propia estructura del sistema.
La infiltración de intereses políticos, económicos y criminales, la ausencia de una depuración efectiva y la falta de garantías reales de independencia han convertido a la justicia en un eslabón débil del Estado. En estas condiciones, pretender combatir la delincuencia organizada únicamente desde el ámbito policial o militar resulta insuficiente, cuando los procesos judiciales no aseguran sanción, coherencia ni credibilidad.
Por ello, la refundación del sistema judicial debe ser urgente. No puede hacerse desde dentro de la misma estructura de poder que ha demostrado su incapacidad para depurarse a sí misma. Se requiere un proceso impulsado desde fuera, con acompañamiento nacional e internacional, que garantice una depuración real y la recuperación de legitimidad institucional.
Refundar no significa destruir ni atentar contra el Estado de derecho. Significa, por el contrario, reconstruirlo sobre bases sólidas: independencia judicial efectiva, transparencia, controles reales y una meritocracia auténtica. Sin una justicia confiable, no hay seguridad posible; y sin justicia legítima, el Estado de derecho se debilita desde sus cimientos.
Christian Guamán Oliveros
Christianolivers@gmail.com