La corrupción se ha convertido en el mayor problema de la sociedad ecuatoriana, ya que ha erosionado las bases morales de los ciudadanos y la fortaleza de su institucionalidad, afectando directamente a la economía, y, por ende, al desarrollo del país.
En las últimas décadas, este fenómeno ha calado la conciencia social, penetrando en todos los estratos de gobierno, desde los altos funcionarios, hasta el más simple de ellos, desangrando recursos a todo nivel, siendo observado como algo normal en el común de la sociedad.
La falta de transparencia y la rendición de cuentas han generado un ambiente en el que el dinero público tiene otros destinos, pero no los de importancia para favorecer el crecimiento del país, en la parte económica la corrupción ha creado el derroche de recursos y una pésima asignación en las inversiones, deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país.
El sector privado al operar en un entorno competitivo desleal, enfrentan dificultades generadas por prácticas corruptas que distorsionan el mercado, alejando la inversión nacional y extranjera, lo que perpetúa la pobreza y la desigualdad social.
En lo social, la corrupción genera un clima de desconfianza a nivel institucional y de los servidores públicos, deteriorando la legitimidad del Estado y el descontento social, sin duda, la realidad se observa en una sociedad cada día más decadente, donde los únicos favorecidos son la clase política y los líderes sindicales. Por su parte, el pueblo impotente observa cómo los recursos públicos se dilapidan sin ningún beneficio colectivo, trayendo con ello el crecimiento de la resignación y la estupidez colectiva (entendiendo a la misma, como su aceptación), si el país continúa así, corre el riesgo de caer en el conformismo ciudadano y en el cinismo institucional burocrático, particularidades ya muy comunes en la sociedad ecuatoriana.
Pablo Fabián Ortiz Muñoz
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