Una institucionalidad en decadencia, una justicia que nunca llega y un Gobierno que no reacciona. La desaparición de una mujer en una Institución pública, agita la atención y reclamo del pueblo, que en noticias como esta constata que el país está con un rumbo desapercibido y a la deriva.
Si ya de por sí, la desaparición y posible homicidio de una persona es un hecho aberrante, lo que indigna a la opinión pública, es la prestancia y solvencia con la que las autoridades describen este acto, y que se resume en 2 opiniones vertidas en medios de comunicación por el Ministro del Interior y del Secretario de Seguridad Publica.
La primera, al considerar este hecho como “…un acto humano irracional, pero humano…”. Refiere de su responsable una falta de conciencia social y nula objetividad con la realidad del caso, así como un desprendimiento justamente de cualquier humanidad para comprender la naturaleza del hecho, y en su lugar ablandar la defensa del implicado.
Y la segunda, al ponderar la importancia de la institución sobre los derechos de la víctima, señalando que “…Aquí hay un mal miembro de la Policía Nacional y lo que debemos proteger es el prestigio institucional, tenemos que cuidar la Institucionalidad…”. Deslegitimando con ello cualquier reclamo sobre la misma, ubicando al hecho en una bolsa fuera de cualquier responsabilidad institucional, evidenciando a su vez la Indolencia del Estado con las víctimas que han vivido sucesos similares.
Ninguna violación y supresión de derechos debe tener justificación, pero lamentablemente sucede. Hoy asistimos al inicio de una larga lucha entre David y Golead, representados por una madre que clamará justicia por su hija desaparecida contra una institucionalidad que en sus primeras respuestas ya da muestras de encubrimientos y desconciertos.
Jorge Ochoa Astudillo
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