El crecimiento de la desinformación, la dificultad para mantener en funcionamiento a los medios de comunicación o la consolidación de los muros de pago frente a los influenciadores y las plataformas digitales, ubica a la sociedad ante la urgencia de garantizar el derecho de libertad de expresión.
Varias naciones expiden regulaciones para frenar la circulación de mentiras, contrarrestar videos falsos y otorgar herramientas a los ciudadanos para que sustenten sus decisiones en realidades. Además, hay iniciativas regionales que ejecutan ONG´s y asociaciones de periodistas, pero la contaminación de la información sigue.
En diálogos entre investigadores, gestores de medios y personas preocupadas por la gobernabilidad se discuten opciones para permitir que la información continúe sirviendo como un faro a las comunidades. Se habla de bonos culturales, subsidios, estándares y adoptar buenas prácticas de otras ciencias, como de la ecología, para crear impuestos dirigidos a individuos y empresas que contaminen, que generen externalidades con el uso de la minería de datos, por ejemplo.
La poca sensibilidad, la mínima formación en competencia mediática y el egoísmo influyen en las publicaciones que las personas hacen a través de redes sociales. Se requiere entonces que existan profesionales que contrasten, evalúen, incluyan voces y diversidad en las noticias para exponer pluralidad, y animar a muchos a participar en la edificación de la opinión pública. Para lograrlo hay que sostener estas dinámicas con publicidad o con los mecanismos antes señalados, bajo transparentes procesos de asignación.
De fondo está la naturaleza del ser humano, su derecho innato a comunicarse. Interrumpir las vías para recibir informaciones y opiniones, o expresarlas, es desandar siglos de historia.
Abel Suing
arsuing@utpl.edu.ec