El acceso a Internet constituye una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos que debe garantizarse universalmente a través de medidas que contribuyan a cerrar la brecha digital.
Un marco regulador debe evitar cualquier discriminación y animar el uso de softwares abiertos, entre otras disposiciones, que deriven de leyes inspiradas en la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad.
Para alcanzar circunstancias que permitan participar a la mayoría de ciudadanos en el mundo de la información, en 2017 la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promulgó los “Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente”.
Hoy los Estados pueden acelerar los procesos de diseño e implementación de políticas públicas que garanticen a corto plazo tanto el acceso a la Red como el desarrollo de habilidades a través de programas de alfabetización digital, así mismo se puede promover activamente el uso del espectro y facilitar licencias para el despliegue de redes locales y comunitarias.
Desde hace poco, también se cuenta con una Agenda Digital Andina que sugiere medidas para que la conectividad por banda ancha sea una vía para equiparar las desigualdades sociales.
Las acciones articuladas de los Estados además del cumplimiento de la agenda regional andina derivarán en un pacto de bienestar integral, es decir, en un modelo de gobernanza para el siglo XXI.
Queda que los ciudadanos se involucren desde las instancias locales y nacionales para cubrir la urgente necesidad de información en la sociedad del conocimiento.
Abel Suing
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