Los terrenos pasaron a ser utilizados por la empresa Ecuacorriente para desarrollar el proyecto Mirador.
Este último 30 de septiembre de 2020 se cumplieron cinco años del desalojo que sufrieron varias familias de la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe.
El 30 de septiembre de 2015, en horas de la madrugada, militares y policías, acompañados de funcionarios de entidades del Estado, que en ese tiempo era gobernado por el entonces presidente Rafael Correa Delgado, llegaron hasta Tundayme para desalojar a varias familias a fin de permitir que la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), use esos territorios, mediante la figura de servidumbre minera, para desarrollar el proyecto de minería a gran escala Mirador.
Luis Sánchez Shiminaicela, vicepresidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), señala que los uniformados y demás personal que ejecutó el operativo llegaron al lugar sin previo aviso y a las familias les dieron cinco minutos para que tomen sus pertenencias y abandonen las viviendas, las cuales luego fueron destruidas con maquinaria pesada y en presencia de las personas desalojadas.
Dice que las pertenencias de los moradores fueron llevadas en camiones y que incluso de muchos de esos enseres aún se desconoce su paradero. Además, recuerda el dirigente, se destruyeron cultivos y se llevaron animales.
Sánchez Shiminaicela cuenta que ahora que han pasado cinco años de ese desalojo, el caso sigue en la impunidad. Quienes fueron obligados a salir de ahí actualmente viven hacinados, arriendan en sectores aledaños, pero sobre todo viven un estado de incertidumbre, indica.
También lamenta que no haya una respuesta de la justicia para quienes fueron desalojados, pese a que se han interpuesto algunos recursos. Uno de ellos fue una acción de protección que fue negada en dos ocasiones. Luego se presentó, en 2019, a una acción extraordinaria de protección, de la cual todavía no hay una sentencia. “Esperamos que algún rato los jueces se pronuncien; está en la Corte Nacional”, menciona.
Con las acciones de protecciones presentadas, los habitantes desalojados piden que se les respete el derecho a la vivienda digna, demandan la falta de consulta previa e informada en el territorio, y solicitan la reparación integral del territorio. Salvador Quishpe Lozano, quien era prefecto de Zamora Chinchipe cuando se dio el desalojo de ese 30 de septiembre de 2015, dice que recuerda como si fuera ayer cuando ocurrió el hecho. “El Gobierno se esmeraba al momento en el que desalojaba a la gente indefensa de Tundayme”, menciona, e indica que el Gobierno hizo ofrecimientos a los moradores, pero hasta el día de hoy no se han cumplido.
CLAVE
El del 30 de septiembre no es el único desalojo que se ha dado en Tundayme, según indica Luis Sánchez Shiminaicela, vicepresidente de Cascomi.