La independencia judicial, creada como equilibrio de poderes estatales que nuestra norma suprema prevé, es un mecanismo para garantizar la independencia externa del Poder Judicial, cual desarrolla el acceso a la justicia y la realización del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. A esto debe agregarse la independencia judicial interna (elemento humano capacitado), cual guarda relación íntima con la carrera y escuela judicial.
Dentro de la independencia judicial existe una larga brecha que debe ajustarse cada vez más al “deber ser”, el interferir en funciones plenamente determinadas, por parte de otro órgano de la función judicial, el Ejecutivo u otra Función del Estado, significa direccionamiento de la justicia, violación a la ley y Constitución. Es aplaudible que se procese en la actualidad a los altos funcionarios por sus actuar contrario a la ley, sin duda alguna deben responder por sus actos, empero, siempre y cuando se lo realice respetando el ordenamiento jurídico y el debido proceso, en mérito de lo actuado en la investigación y el proceso penal, nunca bajo una injerencia gubernamental o política, siempre en el marco de sus competencias con plena imparcialidad.
En fin, evitar la injerencia política-gubernamental en la Función Judicial, es sin duda una tarea de cambio estructural del Consejo de la Judicatura, la Función Jurisdiccional en esencia, sociedad civil y de todos los profesionales del derecho quienes defendemos los Derechos Humanos.
Alex Ricardo Valarezo.
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