Han pasado doce días desde que la estación de servicios de Amaluza suspendió nuevamente la venta de combustibles, y el impacto económico sobre el cantón Espíndola ya es evidente. No se trata solo de una estación cerrada, sino de un eslabón clave de la economía local paralizado, considerando que los derivados del petróleo es el motor del comercio, del transporte y del trabajo diario; sin él, la actividad productiva se frena y los costos para la población se multiplican.
Cada jornada sin abastecimiento obliga a transportistas, comerciantes, agricultores y ciudadanos a desplazarse a la ciudad de Cariamanga con un recorrido de 45 km y a otros cantones para conseguir gasolina o diésel, lo que implica más gastos, más tiempo perdido y menos rentabilidad y por cierto el cierre no solo afecta a quienes conducen un vehículo, sino a toda la cadena económica que depende de la movilidad.
En un cantón rural, donde la economía se sostiene en el esfuerzo diario y en márgenes reducidos, doce días sin combustible representan pérdidas que difícilmente se recuperan, situación que profundiza la brecha entre los territorios centrales y las zonas periféricas del país y todo porque en muchos de los casos la casusa obedece a una negligencia burocrática y hoy se necesita la intervención de las autoridades para la solución definitiva.
Por ello, el llamado a las entidades gubernamentales competentes no es político, ni confrontacional, sino económico y social. Espíndola necesita respuestas ágiles y soluciones concretas que permitan reactivar su principal punto de abastecimiento. La demora administrativa no puede seguir traduciéndose en pérdidas para la ciudadanía. Garantizar el funcionamiento de la estación de servicios es proteger la economía local, el trabajo de su gente y el derecho de un cantón a desarrollarse en igualdad de condiciones.
Sybel Ontaneda Andrade
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