Un Estado que acude a referéndum tiene el deber constitucional de presentar preguntas necesarias, idóneas y con efectos reales. Lo contrario convierte al instrumento soberano en retórica sin eficacia normativa. Las interrogantes planteadas contienen tensiones de fondo:
1. Bases militares extranjeras: desconstitucionaliza un principio de soberanía sin explicar efectos jurídicos concretos ni controles democráticos posteriores.
2. Financiamiento a partidos: elimina una obligación estatal sin ofrecer un mecanismo alterno que evite captura de la política por poderes fácticos económicos.
3. Reducción de asambleístas: cambia la composición legislativa sin estudio técnico verificable que demuestre impacto positivo en gobernabilidad o ahorro real.
4. Asamblea Constituyente: propone “refundar” el pacto social sin diagnóstico institucional previo ni delimitación clara de competencias.
5. Contrato por horas y casinos: introducen reformas sectoriales aisladas, impropias de consulta constitucional por su bajo rango orgánico frente al tenor constitucional.
Lo fáctico revela la grieta central: se pregunta por cambios sin demostrar su viabilidad técnica, ni su implementación normativa posterior. Si el Estado no puede ejecutar las reformas que promete, la consulta no fortalece: desgasta. La deliberación popular no debe ser gastada en incertidumbres normativas.
El país no necesita simbología constitucional; necesita eficacia institucional.
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Frank Editson Castillo Ramírez
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