El aborto es la disyuntiva entre grupos provida y feministas. Actualmente, la Asamblea Nacional discute el proyecto de Ley sobre la despenalización del aborto en casos de violación.
Tres temas fueron arduamente discutidos en el primer debate y evidentemente no son fáciles de resolver y concordar. El primero es la temporalidad para interrumpir el embarazo. A mi criterio, es el más controversial y obliga a recurrir a la ciencia médica para contestar esta interrogante. El segundo son los requisitos para la atención que deben estar plenamente determinados; y tres, la objeción de conciencia de los médicos que intervengan en estos procesos.
La discusión de esta figura jurídica en el legislativo por la existencia de una sentencia constitucional implica reconocer que estamos frente a un problema social que requiere de un marco jurídico que no castigue a aquellas mujeres que aborten luego de ser víctimas de violación sexual.
El derecho no puede ser ajeno a una realidad social, en donde la muerte ha arrebatado la vida de mujeres en abortos clandestinos por miedo a la punición estatal. Por el contrario, la ley debe excepcionar estos casos de la amenaza penal. En derecho nada es absoluto, hay elementos relativos.
Por lo tanto, si bien el aborto es un tema controvertido para una sociedad que habla a partir de sus creencias religiosas y prescinde de posiciones objetivas, se debe entender, más allá de los dogmas, que nuestras respuestas no pueden obligar a esas niñas y adolescentes violentadas sexualmente a ser madres.
Hay que ponerse en los zapatos del otro para entender la magnitud de las secuelas físicas y psicológica de una mujer ultrajada sexualmente y además forzada a ser madre. Debemos ser capaces de captar lo que ellas piensan y sienten; ser empáticos y la ley también.
Carlos Orellana Jimbo
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