En los últimos 23 días, Ecuador ha vuelto a mirarse en un espejo que duele. Las calles y carreteras se llenaron de pueblos que exigen lo mínimo —vida, trabajo, respeto—, y el Estado respondió con gas, balas y desprecio. En vez de escuchar, prefirieron señalar. Y así, una vez más, los indígenas, los campesinos, los obreros, los estudiantes, los profesionales, volvieron a ser tratados no como ciudadanos, sino como amenazas.
Desde ciertos sectores del poder económico se repite un libreto que ya conocemos: los manifestantes no son ecuatorianos indignados, sino “terroristas”, “vagos”, “desestabilizadores”. Esa narrativa —como bien advierte el Observatorio del Trabajo y el Pensamiento Crítico— no solo criminaliza la protesta, sino que revive el viejo racismo que nunca se fue. Se insulta al indígena por existir, se le culpa de los males del país, se le acusa de violento por resistir siglos de violencia, se le veja por su identidad, estigmatizándolos y convirtiéndolos en portadores de un sello que los despoja de humanidad.
La verdad es que detrás de esos discursos hay miedo: miedo a perder privilegios, miedo a reconocer que el país no es uno solo, sino muchos. La plurinacionalidad no es una amenaza, es un mandato constitucional. Negarla, como hizo recientemente María Paz Jervis desde la Cámara de Industrias, es negar la historia misma de este pueblo.
Lo que vivimos no es orden, es represión. No es defensa del Estado, es la defensa de un sistema que teme a la justicia social. Y es que cuando el poder económico dicta la narrativa y maneja el gobierno, el país deja de dialogar y empieza a fracturarse.
Los pueblos que hoy marchan no destruyen al Ecuador: lo sostienen. Su voz es la memoria que nos recuerda que sin justicia no hay democracia, y sin respeto no hay nación. Callarlos con represión desmedida no traerá paz, solo más vergüenza. Porque un país que reprime a quienes lo mantienen vivo, ya empezó a morir por dentro.
Álex Daniel Mora Arciniegas
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