El decreto 457, denominado “Lineamientos para la optimización del gasto público”, contiene la supresión de empleos públicos, eliminación de vacantes y la terminación de contratos y nombramientos provisionales, así como da vía libre al aumento en las tarifas de los servicios básicos.
Se dicta la “austeridad”, para todas las funciones del Estado con excepción de los gobiernos autónomos descentralizados, pero se exhorta a su aplicación y difusión, sin justificación alguna puesto que se la implementa en circunstancias en que se ha eliminado el déficit fiscal.
Este decreto mantiene, en esencia, lo estipulado en el decreto 135, emitido por Lenín Moreno en septiembre de 2017, con el que se inició la aplicación de la política de austeridad, con la cual el Estado mantiene a los servidores públicos sin estabilidad, derivando en una real precarización laboral, al establecer en el artículo 10, la terminación de contratos y nombramientos provisionales, por lo que no se podrán contratar o incorporar al mismo o nuevo personal con cargo a proyectos de inversión; situación que ya se la conoce, puesto que tiene que ser con gasto corriente.
El proceso de evaluación, con la cual se busca el despido de trabajadores en vez del desarrollo de destrezas, provocará una sobrecarga de trabajo entre los que se quedan, deteriorando el derecho a la seguridad y salud ocupacional.
Los recortes presupuestarios en el área social, son parte de la política del neoliberalismo que busca el desmantelamiento del Estado.
Impulsar el despido de profesionales de la salud, igual que de docentes, o la simple eliminación de vacantes, dejando de lado la convocatoria de concursos, significa una doble afectación: priva del sustento económico a esos profesionales y a sus familias, y vulnera gravemente el derecho fundamental a la salud de toda la comunidad.
La amenazante subida de tarifas de los servicios básicos, planteada en el decreto de Lasso, no es cosa menor, puesto que golpearía aún más la menguada economía de los hogares ecuatorianos.
Remo Cornejo Luque
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