El campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana, es la joya de la corona petrolera de Ecuador. Con una producción de alrededor de 70.000 barriles diarios, este yacimiento es un pilar fundamental de la economía nacional, aportando ingresos vitales para el Estado y garantizando la estabilidad del sector energético. Sin embargo, en los últimos meses, ha surgido un debate preocupante: la posible privatización de este activo estratégico. ¿Por qué ceder un recurso que simboliza la soberanía energética del país? La respuesta parece estar ligada a intereses particulares. Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador, proviene de una familia con amplios vínculos empresariales en sectores como el bananero, el comercio y, más recientemente, el energético. Su discurso a favor de la «modernización» del sector petrolero suena atractivo, pero en la práctica podría traducirse en la entrega de activos estatales a manos privadas. La familia Noboa, a través de sus conexiones, estaría en una posición privilegiada para beneficiarse de esta privatización, ya sea directamente o mediante alianzas con grandes petroleras internacionales. Privatizar Sacha sería un error histórico. Por un lado, el Estado perdería una fuente crucial de ingresos, afectando su capacidad para invertir en educación, salud e infraestructura. Por otro, se pondría en riesgo la soberanía energética, un principio que ha guiado la política petrolera del país durante décadas. Además, las empresas privadas, motivadas por el lucro, podrían priorizar la extracción sobre la sostenibilidad, agravando los daños ambientales en una de las regiones más biodiversas del planeta. Ecuador no necesita desmantelar Petroecuador, sino fortalecerlo. En lugar de vender sus activos más valiosos, el Estado debería invertir en tecnología y capacitación para mejorar la eficiencia de la empresa pública. La riqueza generada por el petróleo debe servir para diversificar la economía y reducir la dependencia de los recursos no renovables, no para enriquecer a unos pocos. El campo Sacha es mucho más que un yacimiento petrolero; es un símbolo de la soberanía y el potencial económico de Ecuador. Privatizarlo sería un acto de miopía política que beneficiaría a unos cuantos a costa del bienestar de millones. La joya de la corona no está en venta.
Marco A. González N.
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