Ecuador atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. Lo que antes eran titulares aislados de violencia se ha transformado en una crisis estructural de inseguridad. Las cárceles están cooptadas por mafias, las extorsiones son moneda corriente y los asesinatos han escalado a cifras alarmantes. El Estado, debilitado y fragmentado, ha perdido el control de amplios territorios donde impera la ley del crimen organizado.
Esta situación no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas de desatención a las periferias, corrupción institucional y un modelo económico que excluyó a vastos sectores juveniles, dejándolos vulnerables al reclutamiento del narcotráfico. La respuesta oficial, basada casi exclusivamente en medidas militarizadas, si bien necesaria como contención inmediata, resulta insuficiente y, a largo plazo, contraproducente si no se acompaña de una estrategia integral.
Las soluciones no son simples, pero sí posibles. En primer lugar, se requiere una reforma profunda de la justicia, capaz de romper con la impunidad. Segundo, es urgente invertir en inteligencia civil y tecnología para desmantelar redes delictivas, no solo capturar sicarios. Tercero, el Estado debe recuperar su presencia en barrios olvidados mediante educación, empleo digno y espacios comunitarios. Y, sobre todo, se necesita voluntad política sostenida, no medidas espectaculares de corto aliento.
El miedo ha calado hondo en la ciudadanía. Sin embargo, resignarse no puede ser una opción. Ecuador necesita reconstruirse desde la raíz, no solo castigar. La seguridad no se logra solo con más armas, sino con más Estado donde hoy reina el abandono. Lo contrario es administrar la barbarie. Y eso ya no es gobernar, es rendirse.
Pablo Ruiz Aguirre
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