La prevención, la investigación y la inteligencia policial serán los instrumentos que lleven a desterrarlo.
La guerra contra el delito de extorsión está declarada por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado y esa infracción será combatida a través de un plan estratégico en el cual la prevención, la investigación y la inteligencia policial serán los instrumentos que lleven a desterrarlo.
Carlos Ortega Tapia, con rango de coronel, comandante de la Policía Nacional, emplazada en la provincia de Loja, indica que el plan estratégico permitirá fortalecer las estrategias existentes e implementar otras que lleven a garantizar la seguridad ciudadana en territorio.
“La Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase), conjuntamente con la Policía Judicial, en este caso en el territorio lojano, llevará a cabo acciones preventivas y operativas para combatir el delito de extorsión”, afirma el comandante Ortega Tapia.
Operativos focalizados
Las actividades preventivas y operativas que ejecute la Policía Nacional, emplazada en la provincia de Loja, afectarán las estructuras de los grupos de delincuencia organizada o delincuencia común que pretendan establecerse en territorio para aprovecharse económicamente del temor ciudadano.
Ortega Tapia indica que se ejecutarán operativos focalizados en las zonas en donde los delincuentes intenten perpetrar el delito de extorsión; ellos, inmediatamente, serán capturados y con la aprehensión se desarticularán las presuntas estructuras criminales que intenten formarse en Loja.
“La colaboración de la Fiscalía General del Estado hacia la Policía Nacional es clave para garantizar la persecución penal a los extorsionadores; se van a intensificar programas de prevención dirigidos a los sectores más vulnerables de la ciudad y provincia de Loja”, asegura Ortega Tapia.
- Campaña de prevención
A través de una campaña de prevención la Policía Nacional, emplazada en la provincia de Loja, concientizará sobre los riesgos de la extorsión; y, además, informará cómo debe protegerse para no ser una víctima de ese delito contra el derecho a la propiedad, cuya pena va de 3 a 5 años de cárcel; y, también, de 5 a 7, dependiendo de las circunstancias.