La democracia política se expresa a través de la designación de autoridades mediante elecciones periódicas, libres, transparentes y competitivas. Entonces, desde esa visión reduccionista, un país se etiqueta como democrático, si cada cierto tiempo convoca a sus ciudadanos a votar y cumplir con ese requisito. No obstante, la democracia, en un sentido amplio, es más que elecciones, ya que incorpora la participación del pueblo en la toma de decisiones que resultan de vital importancia para su futuro y bienestar de la comunidad en general. A esto se agrega la veeduría ciudadana, como un mecanismo de control social, sobre las acciones desarrolladas por quienes administran la cosa pública. Hablamos, consecuentemente, de tener a una sociedad civil activa y movilizada, capaz de reaccionar frente a los hechos que pudieran afectar los intereses del bien común.
En el caso de Ecuador aún estamos muy lejos de hablar de la vigencia de un auténtico sistema democrático ya que la participación apenas es una muletilla o frase incorporada en la Constitución de 2008 pero de pobre aplicación. Apenas si tenemos un sistema político que pretende cada cierto tiempo refrendarse mediante el voto obligatorio. Precisamente, estamos a menos de dos semanas de acudir a las urnas y los problemas en su organización están al orden del día, abriendo una enorme interrogante sobre la real capacidad de gestión y planificación del actual Consejo Nacional Electoral que, dicho sea de paso, a cuatro de sus vocales el Tribunal Contencioso Electoral destituyó y multó (aunque últimamente un Juez de lo Penal del Guayas-en este país de Macondo- haya aceptado medidas cautelares autónomas para frenar la decisión del TCE).
Así las cosas, y en medio de una enorme incertidumbre, los ecuatorianos debemos cuidar a nuestra democracia mediante un voto responsable.
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarion