La posibilidad de nuevos apagones en Ecuador no debe convertirse en una disputa entre quienes advierten sobre el riesgo y quienes prometen que no habrá cortes. La discusión debe centrarse en la capacidad real del sistema eléctrico para garantizar un suministro continuo.
La crisis de 2024 evidenció las consecuencias de una matriz vulnerable a las sequías y de una generación térmica insuficiente para responder oportunamente. Los racionamientos afectaron la producción, el comercio, el empleo y la vida cotidiana de millones de ecuatorianos. Ignorar esas lecciones sería irresponsable.
En 2026 persisten desafíos importantes: mantenimiento de centrales, disponibilidad de generación de respaldo, nuevas inversiones y dependencia de las condiciones hidrológicas. Esto no significa que los apagones sean inevitables, pero tampoco permite descartarlos únicamente mediante declaraciones oficiales.
El Gobierno debe publicar información verificable sobre reservas hídricas, potencia efectivamente disponible, mantenimiento, contrataciones y planes de contingencia. La ciudadanía merece conocer los riesgos y las medidas concretas para reducirlos. Advertir sobre posibles apagones no equivale a desearlos ni a oponerse al país. Es exigir una política energética responsable. Ecuador necesita planificación, transparencia, inversión y diversificación de su matriz eléctrica. La seguridad energética no puede depender de la lluvia ni del optimismo político: debe sostenerse en decisiones técnicas y resultados comprobables.
Santiago Ochoa Moreno
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