La paradoja es evidente: mientras las ventas de vehículos eléctricos e híbridos se duplicaron, con 8.777 unidades en el primer trimestre de 2026, el Estado falla en garantizar un suministro confiable. Dejamos una gasolina cuyo subsidio se reduce y migramos hacia vehículos con incentivos tributarios y una tarifa eléctrica subsidiada que no refleja plenamente su costo. Los apagones de 2024 mostraron el problema y hoy vuelve el riesgo: un sistema centralizado y sin margen de respuesta.
Ecuador arrastra déficits históricos de infraestructura frente a los estiajes. Pero el problema de fondo no es solo la falta de lluvias ni el gobierno de turno: es el modelo y, sobre todo, quién responde cuando el sistema falla. Consumir más energía no es malo; es señal de bienestar y progreso. Lo absurdo es que la demanda crezca sin una oferta capaz de acompañarla.
Un precio que no refleja el costo estimula la demanda, pero debilita los incentivos para invertir. Según el regulador, el costo medio del servicio supera a la tarifa media en unos dos centavos por kilovatio hora, brecha que el Estado cubre con cerca de USD 600 millones al año. Con ese precio, pocos proyectos privados cierran sus números.
Se dirá que liberalizar no hace llover, y es cierto. Por eso un país que depende de la hidroelectricidad necesita diversificar su matriz con solar, eólica, térmica y participación privada. Esa diversificación no avanzará mientras el marco regulatorio limite la entrada de nuevos actores.
El eslabón más caro es la distribución, que concentra cerca del 60% del costo del servicio y está en manos de empresas públicas que operan como monopolios regionales. Ahí también hace falta rendición de cuentas: metas medibles de pérdidas, costos y calidad.
La respuesta debe ser concreta: liberalizar la generación, permitir que hogares y empresas vendan excedentes a la red y facilitar contratos directos entre generadores privados y grandes consumidores, con acceso abierto a la red. Quien invierte arriesga su capital; si falla, la pérdida no debe recaer en el contribuyente. Y quien genera su propia energía, como con la fotovoltaica, reduce su dependencia de la red.
Mientras el Estado sea operador, propietario y árbitro a la vez, nadie responde. La transición energética necesita más que autos eléctricos: necesita un mercado capaz de acompañarlos.
Víctor Antonio Peláez
victorantoniopelaez@gmail.com