Loja nuevamente enfrenta otro episodio descarado de voracidad fiscal camuflada en normativa técnica. Bajo la fachada de buscar el ordenamiento urbano y sanear el catastro, el Cabildo a través de la Ordenanza No. 0083-2026 golpea otra vez a Loja. Lejos de ser una herramienta de gestión, este cuerpo legal se direcciona a ser un instrumento de recaudación forzoso que saqueará la economía y el patrimonio de las familias lojanas.
El núcleo de esta perversión jurídica se consolida en sus artículos siete y ocho. En lugar de cobrar por los costos operativos por un trámite administrativo, la norma impone una tarifa escalofriante del tres por ciento para viviendas y del cinco por ciento para edificaciones multiusos, calculada sobre el avalúo catastral total del inmueble.
¿Qué significa esto en la práctica? Que si un ciudadano tiene una propiedad valorada en cuatrocientos mil dólares deberá pagar hasta veinte mil dólares únicamente por el derecho de legalización municipal. Esto no es una tasa, es un impuesto disfrazado, un despropósito financiero que viola el Código Orgánico de Organización Territorial y la Constitución al imponer cargas confiscatorias.
Pero el golpe no se limita solamente al aspecto económico; se agrava con el abuso institucional. La disposición transitoria primera actúa como un candado que secuestra el tráfico mercantil de la propiedad privada. El Municipio ha decidido prohibir la emisión de informes favorables para compraventas, donaciones o herencias si el predio no cuenta con esta costosa legalización. Señores, esto es un chantaje inaceptable; si el propietario no tiene para pagar esta afrenta municipal, el Estado local le prohíbe vender o heredar el fruto de su propio trabajo. Empleando una normativa como mecanismo de coacción para asfixiar al ciudadano.
Súmese el despliegue técnico abrumador que traslada toda la carga operativa al contribuyente, mientras se deja a miles de familias en un completo limbo jurídico. Pretender convertir la regularización inmobiliaria en un negocio de alta recaudación expone al Cabildo a demandas. Lojanos, la ley debe servir para ordenar la ciudad, no para despojar el patrimonio familiar y, peor aún de una Institución tan ineficiente ¡Basta de tantos abusos!
Pablo Ortiz Muñoz
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