En nuestro país se está imponiendo una ideología denominada “nueva derecha jurídica”. El constitucionalista argentino Roberto Gargarella, haciendo alusión a lo que señala David Dyzenhaus en el libro “La guerra contra el derecho: qué falla en el constitucionalismo del bien común” (Dyzenhaus, 2026), dice que esta nueva derecha jurídica domina y contamina el discurso jurídico al defender ejecutivos fuertes, autoritarios, sin controles ni límites (judiciales o legislativos). Esta nueva derecha jurídica ha logrado que el ejecutivo declare la “guerra contra el derecho”, su objetivo principal ha consistido en debilitar el estado constitucional (cooptar y debilitar a la Corte Constitucional, a la función Judicial y Electoral) y concentrar el poder en la función Ejecutiva. Para ello, una élite de juristas convertidos en turiferarios y bacineros del gobierno promueven un supuesto “constitucionalismo del bien común” definido como: “ideología reaccionaria e iliberal de una élite de abogados y sus aliados, cuyos esfuerzos allanarán el camino para que el poder del Estado se utilice para imponer esa ideología” (Gargarella, 2026). La idea es permitir que “las más altas esferas del gobierno gobiernen por decreto, sin control del poder judicial ni del legislativo. En resumen, se obtiene el gobierno ejecutivo” (Gargarella, 2026). No podemos ser indiferentes y permitir el poderío (concentración del poder en una sola persona) del ejecutivo; la historia ha demostrado que estos regímenes autoritarios siempre han culminado en dictaduras blandas y luego duras. Una sociedad indiferente a estos regímenes cava su propia fosa, por ende, desde esta columna de opinión alzamos nuestra voz de protesta ante el mal olor del autoritarismo que se quiere imponer en nuestro país; bien sabemos que la prueba de la bondad del pudín está en su sabor y en su olor, y de la maldad en lo contrario.
Jorge Benítez Hurtado
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