En nuestro ordenamiento jurídico funciona lo que hemos llamado “la triada del poder”, la cual está compuesta por: a) el sistema de partidos políticos; b) los organismos electorales; y, c) la democracia representativa. A través de estas tres entidades los políticos acceden al poder para gobernar por un lapso determinado en cada una de las instancias de gobierno. La política es un medio eficaz para garantizar que el poder y los recursos se compartan equitativamente entre todos los individuos de diferentes orígenes dentro de una jurisdicción específica; sin embargo, algunas personas (politiqueros de baja monta) han utilizado las actividades y los cargos políticos para su propio beneficio, descuidando la rendición de cuentas y la responsabilidad ante la ciudadanía. Dice Ayn Rand: […] “La ambición de poder es una mala hierba que solo crece en el solar abandonado de una mente vacía.” […]
El surgimiento de élites políticas (caciques, caudillos, empresarios electoreros) ha propiciado la corrupción en los ámbitos público y privado, ya que se ha dejado de respetar la necesidad de desarrollar programas estatales que beneficien a los ciudadanos. Estos facinerosos de la política unidos al crimen transnacional han desviado los recursos públicos para lograr sus propios intereses sin considerar las consecuencias de sus acciones en desmedro del bienestar popular. La política ha permitido que funcionarios corruptos ganen elecciones y accedan a puestos de poder en cada nivel de gobierno. Por lo tanto, los ciudadanos siguen sufriendo porque sus intereses no son atendidos por quienes esperaban que resolvieran sus problemas.
Además, la escasez de trabajo y recursos ha impulsado a las personas a buscar formas de desarrollo económico. Por ejemplo, la falta de empleo y oportunidades de inversión ha generado una fuerte competencia por los limitados recursos disponibles; por lo tanto, se recurre a métodos poco ortodoxos para persuadir a los responsables de aprobar proyectos y así permitirles continuar con sus inversiones. La existencia de una competencia desleal entre las empresas obliga a algunas a utilizar prácticas poco éticas para persuadir a sus clientes a comprar sus productos (caso PROGEN). Los funcionarios gubernamentales encargados de los estándares de calidad suelen ser sobornados para encubrir las actividades de estos inversores, lo que fomenta la corrupción en las empresas. Esto configura la metástasis de la corrupción en el poder, cuya penetración se encuentra en todas las funciones del Estado; para que esto sea eliminado en las próximas elecciones les deseamos: …buen viento… y buena mar.
Lenin Paladines Salvador
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