La crisis de inseguridad en nuestro país nace, en gran parte, del colapso de nuestro propio sistema de justicia. Frente a la demanda de los ecuatorianos de orden y seguridad, la respuesta institucional suele ser el populismo penal: la constante oferta de “asegurar que se castigara” a todo aquel que delinca y aumentar penas como si la solución estuviera escrita en un código. Sin embargo, esta estrategia ignora la realidad estructural. Ninguna reforma legal, por más severa que sea, será efectiva si el aparato encargado de aplicarla está corroído desde adentro.
El verdadero freno a la delincuencia en el Ecuador no es el tamaño de la pena, sino la certeza de que el delito será sancionado. Hoy en día, esa certeza no existe. La eficacia del derecho penal se ha desvanecido, el ecuatoriano de a pie, percibe un sistema de justicia vulnerable, donde la corrupción de ciertos jueces, fiscales y funcionarios administrativos diluye cualquier intento de sanción real. Cuando las pruebas se desvanecen o las sentencias se negocian, la ley pierde su carácter disuasivo.
En nuestro país, el populismo penal prefiere la vía rápida de la reforma legislativa porque genera un impacto mediático inmediato y requiere menos esfuerzo que una reestructuración profunda. Pero la realidad es clara: mientras los procesos judiciales sigan plagados de vicios, la administración de justicia carezca de blindaje contra la corrupción y no exista una verdadera carrera judicial transparente, seguiremos atrapados en un círculo vicioso de leyes severas y delincuencia impune.
Santiago Medina Romero
jsmedina1999@gmail.com