Las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial deben ir más allá de simples ajustes formales. Si el propósito es acercar la justicia a la ciudadanía, resulta indispensable repensar la estructura judicial desde ejes como la accesibilidad, la tutela judicial efectiva y la celeridad. En especial, la justicia contencioso administrativa requiere una revisión profunda y responsable.
Hoy, para ciudadanos, servidores públicos, proveedores del Estado y administrados en general, acudir a un tribunal contencioso administrativo puede significar ingresar a un proceso que tarda años en resolverse. Esa demora desgasta a las partes, genera incertidumbre y vacía de contenido el derecho a recibir una respuesta judicial oportuna. Una sentencia tardía puede ser jurídicamente correcta, pero socialmente insuficiente.
Toda reforma seria debe partir de evidencia. No basta con afirmar que los tribunales están represados. Se requiere levantar información estadística a nivel nacional, identificar cuántas causas existen, cuánto tiempo tardan en resolverse, dónde se concentran los mayores retrasos y qué materias generan más carga procesal. Solo con esos datos será posible determinar si el país necesita más tribunales, salas especializadas, jueces adicionales o una distribución territorial distinta.
También es necesario mirar modelos comparados. Otros países han ensayado mecanismos de especialización, gestión por carga procesal, oralidad, digitalización y planes de descongestión. Ecuador debe estudiar esas experiencias con seriedad para evitar reformas improvisadas o meramente declarativas.
La justicia contencioso administrativa cumple una función esencial, pues controla el ejercicio del poder público. Si sus procesos duran años, la ciudadanía pierde confianza y el Estado pierde legitimidad. Por ello, reformar la estructura judicial no debe entenderse como un asunto burocrático, sino como una condición indispensable para que los derechos reciban una respuesta oportuna y para que la administración pública sepa que sus decisiones pueden ser revisadas con independencia y eficacia.
Daniel González Pérez
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