Hoy, al revisar el caso Progen con frialdad y con documentos públicos, me queda una conclusión incómoda: no estamos frente a un simple “contrato fallido, sino frente a un esquema que huele a negligencia grave y a posible corrupción, y que ya nos está costando carísimo como país. La Contraloría General del Estado determinó un perjuicio para el Estado de alrededor de USD 100 millones relacionado con los contratos de CELEC con Progen para Quevedo y El Salitral. Ese perjuicio se explica, según los reportes periodísticos basados en el examen, por pagos efectuados pese a incumplimientos, con diferencias entre proyectos (se habla de USD 70 millones en El Salitral y USD 30 millones en Quevedo). Y lo más duro es que no hablamos de promesas: CELEC desembolsó alrededor de USD 104 millones (aprox. 70% del valor contractual) en un contrato total de USD 149,1 millones, según reconstrucciones y explicaciones públicas del caso. Ese dinero, en la práctica, es plata de todos: salud, seguridad, empleo, educación. Ahora viene lo político, que también es real y medible: en la Asamblea, la Comisión de Transparencia aprobó un informe que no identificó responsabilidades políticas de autoridades, y esto fue impulsado por la mayoría alineada al oficialismo. No es una opinión mía: está reportado que el caso se cerró sin determinar responsables políticas y que el oficialismo defendió ese resultado. Lo más grave, no es solo el informe, sino el ambiente de “blindaje”: durante la sesión hubo un incidente reportado por medios donde no se permitió a un asambleísta presentar documentación en la comisión. Si cierran la puerta a que se muestren evidencias en un proceso de fiscalización, lo que haces, aunque lo disfraces de procedimiento es debilitar el control político. ¿Y cuánto vamos a perder? Si la Contraloría habla de USD 100 millones de perjuicio, eso ya marca el tamaño del golpe. Lo urgente es que no se normalice: que Fiscalía y Contraloría lleguen hasta el final, que se transparenten pagos, garantías, informes técnicos y responsables, y que la Asamblea haga su trabajo sin cálculos de mayoría. Yo lo digo así: si el poder protege a quienes debían responder, el país paga la factura. Y esa factura ya está sobre la mesa. Ecuador necesita un cambio urgente: menos encubrimiento, más evidencias, más sanción, y más respeto por el dinero público.
Marco A. González N.
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