Los mal llamados “gastos de cobranza” en el país, adolecen en todo sentido de una visión técnica y social, ya que privilegia a determinados grupos y no a la gran mayoría de ecuatorianos. Este concepto genera controversia y confusión, porque es inapropiado, representando el mismo costo, asociados a la recuperación de deuda y no un gasto en el sentido estricto.
Estos costos en los que incurren las instituciones financieras, empresas o particulares en el proceso para recuperar deuda vencida, incluye gastos legales, honorarios de cobradores, notificaciones, auditorías y otros gastos administrativos.
Según la normativa en cuanto a la defensa del consumidor, la misma es clara, frente a las malas prácticas y la prohibición de cobros indebidos, con límites en la gestión de cobro, como: restricciones de horario y frecuencia, prohibición de prácticas de hostigamiento, y, en lo que respecta a cobros por servicios adicionales o comisiones, los cuales deben ser previamente autorizados y estar sustentados en servicios realmente prestados.
Más allá de la terminología y regulación, el problema radica en que la gran mayoría de instituciones financieras y empresas que gestionan estas cobranzas, los convierten en valores exagerados, que no denotan un costo real, sino que se emplean como instrumentos de presión, intimidación y abuso, frente a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, siendo los más comunes: cobros excesivos; prácticas intimidatorias, a través de llamadas y mensajes; falta de transparencia, mediante información confusa, sin desglose claro de los valores cobrados, y la violación a derechos básicos (vulneración de la privacidad y la dignidad), siendo observado más como un negocio lucrativo y sin control.
Una correcta clasificación y regulación, así como, una mayor vigilancia y protección al consumidor, son clave para garantizar un sistema justo, transparente y confiable. Con lo expuesto, no estoy justificando la responsabilidad frente a una deuda, pero se debe entender que el beneficio es mutuo, la gran mayoría de ecuatorianos no tiene como objetivo “no pagar sus deudas”, el problema es la inestabilidad que afecta a todos, siendo necesario un verdadero apoyo entre ciudadanos e instituciones, si queremos salir del problema.
Pablo Ortiz Muñoz
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