El Municipio consiguió esta diligencia y entregará nueva documentación para identificar recursos que no ingresaron a su erario.
Por pedido del Municipio de Loja, se cambió al perito que está llevando uno de los tres casos del litigio que enfrentan contra la empresa Safety Enforcement. Esta situación motiva esperanza para que se sincere el pago que intenta cobrar dicha empresa.
El procurador Síndico del Municipio de Loja, Máx Bladimir Ochoa Jiménez, recuerda que el caso uno fue el que presentó la empresa en el cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos y fue objeto de una diligencia que el Ayuntamiento perdió en dos instancias.
Por esa denuncia se inició un proceso de reparación económica que se está llevando a cabo en el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. Y el otro es de la Contraloría General del Estado que presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Respecto al proceso de reparación económica, la nueva administración del Municipio solicitó un cambio de perito, ya que la perito inicial realizó una liquidación en base a 12 millones de dólares que no se ajusta a los parámetros del reglamento pericial para emitir su informe. Además, no habría tomado en cuenta la sentencia en segunda instancia que indica que debe realizar el cálculo considerando los parámetros y la documentación proporcionada por la Municipalidad.
“La administración anterior no proporcionó la documentación necesaria sobre las multas que no se reflejaron en el erario municipal, incluyendo aquellas que fueron anuladas, dadas de baja por apelaciones u otras situaciones”, explica.
El Municipio solicitó el cambio de la perito y la consideración de todos los rubros que no ingresaron al erario municipal, incluyendo multas anuladas, impugnadas y otras que no fueron contempladas inicialmente.
El plazo para entregar la documentación requerida finaliza el miércoles 9 de agosto. La perito deberá presentar la liquidación antes del 17 de agosto para dar traslado a las partes involucradas. Este cambio se considera un gran triunfo, ya que permitirá incluir los rubros que nunca fueron ingresados a la institución y que no pueden ser pagados a la Empresa.
En relación con el otro caso que está en la Corte Constitucional por acción extraordinaria de protección presentada por la Contraloría General del Estado, el Municipio ha presentado un escrito de amicus curiae y está solicitando que se acelere su tratamiento en el orden cronológico y que den a conocer a las partes y se pueda dar de baja la sentencia.
CLAVE
Hasta el miércoles 9 de agosto el Ayuntamiento puede presentar nueva documentación.