Tal parece que el país está o sigue sumido en una corrupción galopante que cada vez se profundiza más.
La historia se repite una y otra vez con las autoridades de elección popular que cuando llegan a administrar sus cargos, se encuentran con que sus entidades simplemente han sido saqueadas, han sido irresponsablemente desfalcadas para maniatar a los nuevos dignatarios y hacer daños colosales no solo a quienes han sido elegidos sino y principalmente al pueblo del que un día recibieron la confianza.
Como sabemos, las elecciones seccionales se desarrollan 3 meses antes de la posesión de las nuevas autoridades, dejando un margen de tiempo para que las autoridades salientes entreguen todo en orden: Proyectos, cuentas, obras realizadas, obras por realizar; en fin, el estado en que quedan los Gobiernos Seccionales para que quien empieza, continúe con su labor al frente de tan grande responsabilidad.
Desgraciadamente lo que la ley manda no se da en ninguno de los casos. Los tres meses que anteceden a la posesión de las nuevas autoridades convierten a los municipios y prefecturas en un baratillo, especialmente por las autoridades perdedoras. En este lapso se firman nuevos contratos, se integra irresponsablemente a nuevo personal, se extienden nombramientos, se toman decisiones serias. Todo esto con miras a entorpecer la gestión de las próximas autoridades y de cobrar las jugosas comisiones por la firma de contratos de última hora.
Estos casos se repiten una y otra vez, elección tras elección, sin que las autoridades competentes hagan absolutamente nada para tratar de enmendar estos errores.
Mientras no haya cambios profundos y reales en nuestra legislación, seguiremos siendo víctimas del atraso y del atraco impuesto por parte de aquellos que dicen representarnos.
Hever Sánchez M.
@Hever_Sanchez_M