La audiencia para tratar la acción de protección presentada para evitar actividades mineras, se postergó para luego de un mes.
Las consignas “Esto no es pagado, es pueblo organizado”, “El pueblo unido jamás será vencido”, “El agua se defiende, el agua no se vende”, “Esto no es pagado con plata de mineros”, predominaron la mañana del viernes 4 de febrero de 2022 en la marcha a favor del agua, de Fierro Urco y en contra de la minería, que se cumplió por las principales calles de la ciudad de Loja.
La actividad congregó a habitantes de la parroquia Gualel, ambientalistas, e incluso a autoridades como los concejales lojanos Patricio Lozano Lozano y Darío Loja Reyes, quienes mostraron su rechazo a la intención que existe de efectuar actividades mineras en la parte noroccidental del cantón Loja.
El edil Loja Reyes lamentó que los gobiernos del país “históricamente han venido priorizando los temas petroleros, los temas extractivistas”, señalando que ante lo que se ve en algunas zonas del país, como el Oriente ecuatoriano, “definitivamente entienden que no ha habido desarrollo para estos pueblos. Lo que ha habido es pobreza y sumisión”. Agrega que antes que la minería, “primero es el agua, primero es la vida”.
Audiencia postergada
Inicialmente, la marcha también tuvo el objetivo de representar una forma de respaldo a los abogados que patrocinan una acción de protección con la cual se busca evitar las actividades mineras en la zona noroccidental. La audiencia para tratar este recurso legal estuvo prevista para ese día viernes 4 de febrero, pero se suspendió y eso hizo que los profesionales del Derecho presenten una acción de revocatoria del diferimiento de esa postergación. Marco Romero Rodríguez, uno de los abogados, dijo que esa audiencia se la aplazó para luego de 34 días, pero mostró su descontento, ya que, indica, la acción de protección “es un instrumento de cumplimiento inmediato para evitar precisamente las violaciones a los derechos constitucionales de los comuneros, del agua, de Fierro Urco y de los páramos”.
La abogada Guadalupe Mendieta Carrión, que también forma parte del equipo de profesionales que patrocina la acción de protección, aseguró que buscarán otros mecanismos legales para acortar el plazo de los 34 días. Afirmó que el juez encargado de la causa, “está incumpliendo la Ley de Garantías Jurisdiccionales al dar un mes más de plazo”. Asimismo, cree que esto podría ser una estrategia de las empresas mineras, y del mismo Estado.
VOZ
“Primero es el agua, primero es la vida”
Darío Loja Reyes, concejal del cantón