La pandemia se profundiza con la variante Ómicron. El crecimiento acelerado de contagios ha conducido a retomar el tele trabajo y las clases virtuales de los establecimientos educativos. Es imprescindible que, para preservar la vida de los ecuatorianos, se debe destinar los recursos suficientes para que se realicen pruebas gratuitas para la población, que no despidan a personal de salud, dotar a los hospitales de medicinas, etc.
Esta crisis sanitaria, debe llamar a la reflexión al gobierno para que escuche el pedido de los sectores sociales organizados y se incremente el presupuesto para salud y educación. Esto es lo prioritario y no el pago a las multilaterales de crédito, o el cumplimiento a pie juntilla del recetario fondomonetarista.
A la sazón de los compromisos internacionales, el gobierno trata de mostrar que la reactivación económica está en marcha, dicen que en el 2021 crecimos 4,1%, que tenemos una reserva monetaria de USD 7 800 millones, un déficit fiscal de USD 2 700 millones, y que en este año recuperamos 280 mil empleos; además, que tenemos USD 2 mil millones más en ingresos por petróleo, y que el SRI recaudó USD 13 796 millones, más que en el 2020.
Empero, ese crecimiento económico de 4,1%, no se refleja en mejores condiciones de vida de los sectores populares, más bien quienes se han beneficiado son las grandes corporaciones como la banca, telecomunicaciones, comercializadoras de medicinas y alimentos, etc. Según estudios últimos dice que 4 de cada 10 ecuatorianos viven en la extrema pobreza; se ha incrementado el subempleo y el comercio informal; tenemos la inflación más alta de los últimos años, el 1,7 %, el incremento de los precios de los combustibles ha incidido en el coste de la canasta básica que llega a 800 dólares.
La deuda pública es USD 78 mil millones, es decir 75% del PIB. El gobierno debe pagar hasta el 2026, a los organismos multilaterales de crédito, USD 43 mil millones por deuda: USD 33 mil millones en capital y USD 10 mil millones por intereses.
Frente a la crisis económica y sanitaria, urge que el gobierno cobre a los grandes empresarios evasores de impuestos del SRI (USD 4 925 millones) y que declare la MORATORIA DE LA DEUDA pública para que esos recursos sirvan para atender la salud, educación y la verdadera reactivación económica para los sectores populares.
Remo Cornejo Luque