Zaruma, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ha venido soportando, desde 2016 a la fecha, cuatro socavones, pero, en fin, Zaruma se viene hundiendo desde hace años, como producto de una minería ilegal, que perfora las entrañas de la tierra desde 1500, incluyendo el período incaico.
Los socavones son muy antiguos. En 2016, se destruyó la escuela La Inmaculada Fe y Alegría. Desde 1950 y por un espacio de 15 años, los norteamericanos explotaron el suelo donde se levanta la señorial Zaruma. Con la minería, aparentemente se había iniciado una época de progreso, porque mejoraron las fuentes de empleo, empero, no se dieron cuenta de las consecuencias a futuro, aquel bienestar efímero, se convirtió en zozobra y preocupación.
En 2016, con el primer socavón que repercutió en 2017, fue el aviso de ‘una muerte anunciada’, para entonces el expresidente Lenín Moreno, decretó el estado de excepción por el grave peligro que se cernía en la zona. En aquel año se registraron tres socavones más en la misma zona, que desató alertas.
Para ese entonces, el Gobierno determinó que 823 hectáreas constituyen la zona de exclusión minera, pero luego la redujo a 177, posteriormente se amplió a 214 y luego de ocho días la volvió a fijar en 177, estas decisiones han alentado el fomento de la explotación minera legal e ilegal.
En la actualidad, tras el hundimiento de un edificio de tres plantas y otros, en pleno centro urbano, nos da la idea de que las autoridades encargadas de vigilar e inspeccionar las explotaciones mineras lo hacen desde sus escritorios y nunca en territorio, basándose en informes superficiales, acomodados y falsos, por lo que el grado de culpa y responsabilidad se extiende también a aquellos “enquistados” en el “Gobierno del encuentro”, buenos para nada, excepto de fungir de lambones.
Nuestra solidaridad con los zarumeños y exigimos del Gobierno Nacional la atención oportuna para encontrar una solución técnica a tan agudo problema, que ha sido intocado desde hace siglos.
Luis Muñoz Muñoz