La sociedad ha llevado el tema de los paraísos fiscales a una disputa de bandos, y a un concurso de popularidad, para clarificar algunas ideas:
Una empresa off-shore es una sociedad constituida fuera de los límites nacionales, mayoritariamente utilizada para fines comerciales (per se, no es ilegal). Un paraíso fiscal es un territorio que ofrece a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria. En estos países se proporciona mínima o ninguna información financiera a las autoridades.
Aunque, el término «paraíso fiscal» siempre «huele mal”, si existe una declaración correcta, las inversiones pueden ser legales (muchas veces utilizados para facilitar el comercio). Esto no quita que se puedan mezclar con inversiones que vienen de procedencias ilegales, pues hay que recordar que, al no requerirse información financiera, el dinero puede provenir de cualquier actividad (insisto, no siempre es el caso).
Los inversores que no tienen su residencia en un paraíso fiscal pueden tomar ventaja para evitar el pago de impuestos en sus países de origen y en ese momento es cuando estas operaciones rayan la ilegalidad. Los países de residencia deben exigir que sean declaradas todas las obligaciones.
En el caso de los Pandora papers, no es que se deba demostrar si el dinero estuvo o no en un paraíso fiscal, sino que, el actual presidente cuando lanzó su campaña, ya no los tenía. Nos guste o no, en caso de demostrarse que no se ha violado el “pacto ético” no habría ilegalidad, aunque si, una pésima campaña de inversión en el Ecuador, y muchas críticas sobre la moralidad de este tipo de negocios.
Santiago Ochoa Moreno
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