En 2018 la empresa fue denunciada por la duplicidad de multas y en 2019 la sede, en Quito, fue allanada.
La audiencia telemática de formulación de cargos por el presunto delito de ‘ataque a la integridad de sistemas informáticos’, en contra de la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES), como persona jurídica, que en Ecuador está representada por Jaime C. S., fue el miércoles 10 de noviembre de 2021, a las 09:00.
Durante 210 minutos uno de los fiscales especializados en Patrimonio Ciudadano; Administración Pública; Fe Pública; y Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti), expuso al juez de la Unidad Judicial las evidencias que recabó y en dónde se evidenciaría que la empresa habría cometido ese presunto delito.
El ‘ataque a la integridad de sistemas informáticos’ se habría dado cuando la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES) ingresó ilegalmente a varios ordenadores de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para subir las multas que, también, estaban registradas en la Unidad de Tránsito del Municipio de Loja.
Allanamiento en 2019
En la diligencia se dieron las siguientes medidas cautelares: la prohibición de venta de la empresa; la prohibición de enajenar bienes; la suspensión de las actividades, en la provincia de Loja de Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (SES); y la intervención de esa empresa de parte de la Superintendencia de Compañías.
La noche del jueves 7 de noviembre de 2019 funcionarios de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional arribaron al edificio Cosideco, ubicado en la avenida 6 de Diciembre entre las calles Wimper y Alpallana, de la ciudad de Quito, capital de la provincia de Pichincha, para allanar uno de los pisos de esa vivienda.
En 2018 Diego Patiño Izquierdo, procurador síndico del Municipio de Loja, denunció que Safety Enforcement
Seguridad Vial S.A. (SES) habría incurrido en ese presunto delito ante la supuesta duplicidad de fotomultas. En el allanamiento se decomisaron varios CPU’s en donde se encontraría la evidencia de la supuesta infracción.
CLAVE
La instrucción fiscal tiene una duración de 90 días.