Tierra de nadie son los principales centros penitenciarios del país porque se han convertido en espacios donde no hay reglas y menos humanidad. Es lamentable que halla ausencia del Estado en esas celdas, cuyos ocupantes pese a estar privados de su libertad son libres depredadores de seres humanos.
Esa realidad es el resultado de la suma de varios factores. Se habla de la disputa entre bandas criminales auspiciadas por carteles mexicanos; factor visible y que el Estado debe contrarrestar tanto con política criminal y socioeducativas.
Pero veamos más allá, para que esos centros de rehabilitación pasen a ser escenarios de violencia y belicosidad necesitan la colaboración de funcionarios penitenciarios corruptos que facilitan el conflicto. Son lugares donde todo precio, donde la guardia paralelamente es la proveedora de todo y los reclusos son los clientes. Los roles en la praxis están confusos y en nada se ha mitigado esta causa que se mantiene por décadas. Por esa razón, hablar del sistema carcelario es sinónimo de descuido y corrupción.
Las soluciones urgentes ya las inició el gobierno con la declaratoria de estado de excepción en las cárceles para reestablecer el control. Sin embargo, se necesita atención permanente y progresiva con decisiones administrativas que desconcentren la atención de trámites de beneficios penitenciarios frente a la demora injustificada de una sola oficina en la capital.
También, es necesario contar con leyes que creen condiciones económicas y sociales para la sociedad, que premien y fomenten el trabajo y que no apuntalen al endurecimiento de penas y reducción de beneficios bajo la premisa de cárcel para todo equivale a mayor seguridad. Hasta mientras, las “PPL” independiente de sus antecedentes hoy sobreviven en un escenario donde la peligrosidad gana a la rehabilitación y reinserción social.
Carlos Orellana Jimbo
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