El ciudadano tampoco puede estar en las sesiones de Cabildo.
Un activista político de la localidad, en lo que resta de la actual administración municipal de la alcaldesa Patricia Picoíta Astudillo, tiene prohibido el ingreso a las instalaciones del Municipio de Loja y a las sesiones de Cabildo. Es que la Justicia lojana negó en dos instancias una acción de protección que el ciudadano presentó por considerar que se habían vulnerado sus derechos.
El procurador síndico del Municipio de Loja, Luis Tapia Montesdeoca, cuenta que el caso surgió hace unos seis meses. El activista, dice el funcionario, ingresaba como todo ciudadano a las instalaciones municipales, sin embargo, señala que él se dedicaba a captar fotografías de la alcaldesa y de una directora departamental para luego “filtrarlas no solo en redes sociales, aparte de escribir comentarios totalmente nefastos y atentatorios contra la dignidad y la honra, y el buen nombre de estas dos funcionarias públicas”. Menciona que a más de ello, esas fotos las difundía en grupos de WhatsApp “haciendo bochorno y mofa”. También indica que el activista solicitaba ser recibido en comisión general en las sesiones de Cabildo “y lo que hacía simplemente era denigrar” a la alcaldesa y a la directora departamental.
A raíz de eso, las dos aludidas presentaron una denuncia en la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la cual otorgó medidas de protección para ellas. Entre esas medidas está que el activista queda prohibido de ingresar al Municipio y de participar en las sesiones de Cabildo. Asimismo, se estableció que el ciudadano debe mantener una distancia mínima de 200 metros del lugar donde se encuentre la alcaldesa o la directora departamental.
Estas medidas de protección motivaron a que el activista presente una acción de protección que fue negada en primera instancia. Él apeló y hace pocos días, una de las salas de la Corte Provincial de Justicia de Loja ratificó el fallo de primer nivel.
Luis Tapia Montesdeoca aclara que con la acción de protección, el ciudadano demandó al Municipio “sin nosotros tener nada qué ver”. No obstante, como procurador síndico se muestra satisfecho porque ve que la Justicia determinó que no hubo vulneración de los derechos del accionante.
CLAVE
Hace seis meses se originó el caso.