En Ecuador tenemos una extraña manera de enfrentar los problemas: cuando algo no funciona, en lugar de fortalecerlo, muchas veces terminamos eliminándolo. Ahora les tocó a las dependencias judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado.
La explicación oficial habla de eficiencia, descongestión y más jueces disponibles para conocer estas causas. Sobre el papel puede sonar razonable; pero, en la realidad, deja una pregunta incómoda: ¿era este el momento para debilitar la especialización anticorrupción?
Un caso de peculado, lavado de activos o delincuencia organizada no es un expediente cualquiera. Detrás pueden existir políticos, funcionarios, empresarios, redes criminales, millones de dólares y sofisticados mecanismos para esconder el dinero. Investigar y juzgar aquello exige experiencia y jueces preparados, más jueces no significa necesariamente mejor justicia.
Lo preocupante es el mensaje. En un país cansado de escándalos, instituciones cuestionadas y procesos que parecen interminables, eliminar estas dependencias puede profundizar algo todavía más peligroso que la propia corrupción: la desconfianza.
Si las unidades tenían problemas, había que corregirlas. Si existían irregularidades, había que depurarlas. Si faltaban resultados, había que exigirlos; pero, eliminar la especialización parece una medicina extraña para combatir la enfermedad.
Y queda una pregunta que el país merece hacerse: cuando desaparecen los jueces especializados en perseguir la corrupción, ¿quién puede dormir un poco más tranquilo: el ciudadano o el corrupto?
Santiago Ochoa Moreno
wsochoa@utpl.edu.ec