Durante años, el Puerto Seco de Loja ha sido presentado como una alternativa clave para impulsar la economía local. No obstante, en la práctica, este proyecto permanece estancado entre anuncios repetidos y una ejecución que nunca se materializa. Hoy, más que una infraestructura consolidada, lo que se evidencia es una cadena de decisiones inconclusas y una gestión incapaz de convertir la planificación en resultados concretos.
Más de 200 adjudicatarios fueron trasladados en 2020, en plena pandemia, bajo la promesa de mejorar sus condiciones de trabajo. Actualmente operan en un espacio amplio, pero sin la infraestructura básica indispensable. A pesar de ello, este centro genera más de 500 empleos directos; sin embargo, la actividad se desarrolla en condiciones limitadas, sin acceso adecuado a servicios esenciales como agua potable o alcantarillado.
A esta situación se añade una advertencia crítica: informes técnicos han determinado que el lugar no reúne condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades laborales, recomendando incluso su reubicación. No se trata de un inconveniente menor, sino de una deficiencia estructural identificada sin decisiones de fondo.
Al revisar su trayectoria, durante la administración de José Bolívar Castillo el proyecto se planteó como una iniciativa importante, aunque no logró consolidarse. Posteriormente, en la gestión de Jorge Bailón, se promovieron estudios técnicos con apoyo de la Corporación Andina de Fomento, pero no se obtuvo el financiamiento necesario para su ejecución.
En la actualidad, bajo la administración de Diana Guayanay, el conflicto se agudiza: existe rechazo a nuevos cobros como el peaje, la actividad comercial se reduce y la confianza ciudadana se debilita. El Puerto Seco aún representa una oportunidad para Loja, pero requiere decisiones firmes, financiamiento definido y compromiso político. De lo contrario, continuará siendo una promesa reiterada y una oportunidad desaprovechada.
Mayra García Calle
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