Dice que existen sentencias que desvanecen las causales por las cuales se pretende destituir a la autoridad.
Mediante una rueda de prensa, el procurador síndico del Municipio de Loja, Luis Tapia Montesdeoca, la mañana del miércoles 2 de noviembre de 2022, se refirió a las denuncias que enfrenta la alcaldesa, Patricia Picoíta Astudillo, y las cuales podrían derivar en una posible remoción de su cargo.
Cabe recordar que existen dos denuncias en contra de la autoridad cantonal. Una de ellas la presentó John Lafebre Suqui y la otra, el exsecretario general de los obreros municipales, Christian Cango Verdezoto.
Sobre la primera, Tapia Montesdeoca dijo que ésta es una ‘represalia’ de parte del proponente, de quien manifiesta que dirige un medio de comunicación digital, por un asunto de publicidad con el Municipio. Señala que la administración municipal anterior, del exalcalde Jorge Bailón Abad, firmó un contrato de más de 4.000 dólares con el denunciante. Sin embargo, dice, la actual administración decidió no seguir con ese contrato. “Aquello nos ha costado de que a título de represalia se inventen un sinnúmero de infames noticias en contra de la Municipalidad y reitero una vez más, en contra de mi persona”, puntualizó.
Entre las causales denunciadas por Lafebre Suqui están un supuesto incumplimiento de lo que dice una ordenanza sobre el pago a jubilados del Municipio. Afirma que una disposición transitoria de dicha ordenanza establece que ese pago puede hacerse hasta el 31 de diciembre de 2022. Con ello manifiesta que no existe ningún incumplimiento en el pago a los jubilados.
Otra causal hace referencia a la designación del jefe operativo de la Unidad de Control Operativo de Tránsito (UCOT), tomando como antecedente el cese de quien ocupó ese cargo, Marlon Severino Maldonado, quien luego de ser removido interpuso una acción de protección que fue favorable para él en primera instancia. Al respecto, el procurador síndico indicó que en segunda instancia, la Justicia revocó esa primera sentencia dándole la razón al Municipio y mostrando así que no existió vulneración de derechos contra el exfuncionario. “Tres jueces coinciden en el criterio de que el Municipio actuó respetando las ordenanzas, la Constitución, el debido proceso”, expone.
Existe otra causal, sobre un supuesto incumplimiento de parte del Municipio en relación a un adecentamiento en una infraestructura ubicada en la calle Azuay entre 18 de Noviembre y Sucre. El procurador síndico precisó que una clínica ubicada cerca del lugar presentó una acción de protección que fue rechazada. “Nosotros demostramos con prueba documental (…) con prueba testimonial que en aquel lugar no se realizó ninguna obra menor. Nosotros no incumplimos ningún tipo de ordenanza”, asegura.
Sobre la denuncia de Christian Cango Verdezoto, que asegura que una causal para destituir a Patricia Picoíta es el no cumplir con la entrega en comodato de un terreno para la sede de los obreros municipales, Tapia Montesdeoca expresó que la actual dirigencia de ellos no desea recibir ese predio porque, aparentemente, no presenta las condiciones para edificar infraestructura física alguna ahí.
CLAVE
Dos denuncias se han presentado contra la alcaldesa de Loja y que deben ser analizadas por la Comisión de Mesa del Cabildo.