Procurador síndico dice que el informe donde se establece ese monto, no es definitivo.
Un informe de liquidación de capital e intereses difundido este jueves 19 de enero de 2023, establece que el Municipio de Loja le debe pagar 13 millones con 100.000 dólares aproximadamente a la empresa Safety Enforcement.
El valor, que fue determinado por una perito, es la respuesta a una parte de la sentencia dictada en mayo de 2022 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Los Ríos. Esta Sala conoció la apelación que el Municipio de Loja presentó al fallo de una acción de protección presentada por Safety y que determinó que la Municipalidad debía pagar alrededor de 12 millones de dólares.
Sin embargo, en la sentencia de apelación, la Sala Multicompetente de Los Ríos no ratificó el pago de los 12 millones, pero sí estableció una reparación económica cuyo monto debía ser determinado “en trámite contencioso administrativo conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”.
El procurador síndico del Municipio de Loja, Luis Tapia Montesdeoca, señala que el informe donde se establecen los 13 millones con 100.000 dólares aproximadamente, no es definitivo, sino que debe ser aprobado por el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil.
El funcionario expresa que el monto económico que consta en ese informe puede variar luego de que el Municipio presente los justificativos sobre los pagos parciales que se han hecho a Safety. Para ello tiene tres días hábiles que culminan el lunes 23 de enero de 2023.
Otra acción que toma el Municipio es pedir una aclaración del informe, ya que “tiene que tomar como base la sentencia de la acción de protección y el informe se está apartando, el perito se está extralimitando en rubros que no mandó a pagar la sentencia de acción de protección”, dice Tapia Montesdeoca.
El procurador síndico deja en claro que este caso que enfrenta al Municipio con Safety no es responsabilidad de la actual administración que lidera la alcaldesa Patricia Picoíta Astudillo, sino que los responsables son “dos candidatos que hoy están para alcalde”. Dice que esos dos candidatos dieron paso a la firma del contrato con Safety para que se encargue del control de velocidad mediante fotorradares. Señala también que todo lo que se vive ahora en el tema, es consecuencia de dicho contrato. “Cuando se firma un contrato se convierte en ley para las partes”, sostiene.
El abogado Cristian Alvarado Sigüenza, actualmente candidato a concejal, en una entrevista publicada en la fanpage El Supercuy, dice que los 13 millones con 100.000 dólares son el resultado de la irresponsabilidad de las autoridades que estuvieron en el Municipio de Loja en años anteriores, ya que dieron paso a un contrato que él lo considera de ‘lesivo’ para los intereses de la ciudad.
CLAVE
Personajes que hoy están como candidatos son señalados como presuntos responsables de lo que hoy acontece entre el Municipio y Safety.