El procurador síndico indica que la actual administración no tiene responsabilidad en un caso que favorece a la Prefectura.
Un monto aproximado de 840.000 dólares es el que el Municipio de Loja deberá pagar a la Prefectura, luego de finalizar un proceso judicial con una sentencia de última instancia notificada en diciembre de 2022.
El procurador síndico de la entidad municipal, Luis Tapia Montesdeoca, manifiesta que se pagará ese valor a la Prefectura, sin embargo, deja en claro que para que esos recursos no representen una pérdida para el Municipio, se iniciarán procesos de repetición en contra de los hoy exfuncionarios que estuvieron en el tiempo cuando se originó el caso.
Fue en el año 2018 cuando la Prefectura presentó una demanda contencioso administrativa contra el Municipio. Esto tiene su origen en 2015, cuando en abril de ese año, el entonces procurador síndico, según indica Tapia Montesdeoca, emitió un informe donde señalaba que se “podía ocupar inmuebles de la Prefectura sin necesidad de hacer procesos de expropiación”. En base a ello, agrega el funcionario, quien era alcalde en ese año dispuso utilizar predios de la Prefectura ubicados en el sector oriental de la ciudad de Loja, para realizar una obra vial pero no se efectuó la expropiación.
Es por ello que la institución provincial, en 2018, inicia el proceso legal contra el Municipio, teniendo una sentencia en octubre de 2020. El caso no terminó ahí, sino que avanzó hasta la etapa de casación, culminando en diciembre de 2022 con un fallo que obliga a la entidad municipal pagar los cerca de 840.000 dólares.
Luis Tapia Montesdeoca aclara que fue en una anterior cuando inició este proceso y se lo sentenció. Por ello, indica que la actual administración que la lidera la alcaldesa Patricia Picoíta Astudillo no tiene ninguna responsabilidad en este caso porque cuando intentó presentar alguna prueba para desvirtuar la demanda de la Prefectura, el plazo ya había fenecido. “Nosotros ya no podíamos ejercer ningún tipo de defensa. Nos tocó conocer ya únicamente la sentencia del proceso de casación”, expresa.
Ahora, lo que se viene, indica el procurador síndico, es pagar esa suma a la Prefectura, pero se buscará llegar a un acuerdo de pago y después se entablarán los procesos de repetición contra los anteriores funcionarios que presuntamente tienen responsabilidad en el caso. Esto último, menciona, sí cabe en esta ocasión ya que se trata de un fallo de tipo contencioso administrativo.
CLAVE
El caso tiene sus orígenes en el año 2015, por una obra vial.