Hasta ayer, no se continuaban los trabajos que debería finalizar el 7 de diciembre de 2023.
Las dificultades contractuales entre la constructora Simar y el Municipio de Loja no parecen encontrar una solución satisfactoria. La empresa tiene a su cargo el asfaltado de varias calles en 10 barrios de la localidad, y según se ha informado, no estaría cumpliendo con sus compromisos.
Recientemente, Juan Collaguazo, presidente del Barrio San Cayetano, junto con los residentes, expresaron su preocupación por el abandono de los trabajos. Collaguazo afirmó: «Lo que nos preocupa es que la obra está a medias e incluso presenta peligros en ciertos tramos».
El 20 de junio de 2023, la Constructora envió un oficio al alcalde Franco Quezada Montesinos solicitando que, a través del administrador y el supervisor del contrato, se autorice la suspensión de los trabajos. Esto se debe a algunos supuestos incumplimientos por parte del Ayuntamiento, como la falta de suscripción del fideicomiso, la entrega de diseños de alcantarillado pluvial y sanitario para cuatro barrios, y el no pago de dos cuotas trimestrales, entre otros asuntos. Sin embargo, esta solicitud no fue aprobada.
Jorge Guerrero, director de Obras Públicas del Municipio de Loja, afirmó que originalmente los trabajos debían concluir este mes de septiembre, pero debido a dos suspensiones que suman aproximadamente 60 días, la fecha estimada de finalización se ha trasladado a diciembre de 2023.
Guerrero señaló que «hasta el 20 de agosto, los trabajos se desarrollaron según lo programado, con costos bajos, pero en los últimos meses subieron, llegando a alrededor de un millón y medio de dólares que se debe entregar por cada mes». También alegó que, dadas las circunstancias actuales, será difícil cumplir con los plazos establecidos.
Hasta hace poco, había muy poco personal trabajando en el proyecto, y a partir del 11 de septiembre, se detuvieron completamente. Guerrero explicó que «nuestra responsabilidad como contratantes es aplicar multas por diversas razones, como incumplimiento del cronograma, retirada del personal y falta de seguimiento a las disposiciones de la fiscalización». También mencionó que la Constructora puede justificar sus acciones con documentación, y estas justificaciones serán evaluadas para determinar si es apropiado imponer multas. Cuando las multas alcanzan el 5%, se convierten en motivo suficiente para rescindir unilateralmente el contrato.
Avances
En cuanto al progreso de la obra, el Barrio Turunuma tiene un avance del 91%, Clodoveo del 87%, Las Pitas del 77%, La Banda está finalizado, San Cayetano Bajo se encuentra al 99%, San Cayetano Alto al 76%, y El Rosal al 60%. En cuanto a los sectores de Casepca, Isidro Ayora y San Vicente, aún no han iniciado los trabajos. Estos porcentajes de avance se calculan en relación al presupuesto referencial del contrato, por lo que podrían cambiar si se agregan nuevos trabajos.
Investigación
El concejal Pablo Carrión Jaramillo está de acuerdo en que el contrato complementario debería terminarse unilateralmente, ya que considera que está viciado de ilegalidad. Él afirma: «Hemos sugerido esta acción porque creemos que carece de sustento legal y presenta otras irregularidades».
Carrión también destacó que la decisión de terminar o no el contrato recae en el alcalde Franco Quezada. Además, informó que han enviado el informe a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía para que, después de una investigación adecuada, se determine si ha habido infracciones administrativas, civiles o penales.
En el informe que han preparado, identificaron componentes claves: incumplimiento debido a suspensiones arbitrarias de la empresa, retrasos en los trabajos y una posible ilegalidad en el contrato que podría estar violando preceptos legales relacionados con el Servicio de Compras Públicas. Carrión insistió en que existen suficientes razones para declarar la ilegalidad del contrato y sugirió que, en caso de confirmarse estas irregularidades, la empresa debería reembolsar los fondos recibidos.
DÍGITOS
14 millones 679 mil dólares es el monto del contrato.
24 meses se consideró para la ejecución de la obra.