Circundante al complejo ferial Simón Bolívar de la ciudad de Loja ocurren sucesos que muestran restricciones al uso de espacios públicos que, aunque se ocupen legalmente, disminuyen el derecho de todos a desplazarse en libertad.
Tal vez la precariedad económica, la ausencia de regulación o el débil control expliquen que tanto un área de esparcimiento para niños, los estacionamientos y la calle por donde circulan los peatones estén cedidas para el usufructo de pocos a costa de disminuir el patrimonio urbano.
Los bienes públicos se sustentan sobre la base de los impuestos, no deben implicar exclusión y contribuyen al bienestar, pero en los casos señalados parece que se impone la fuerza y una errada concepción del propósito del gobierno local.
Indirectamente se permite que lo privado impere sobre lo público. Un inmediato interés electoral, la baja popularidad o la presión del comercio informal pesarían más que la seguridad de las mayorías, se prefiere evitar conflictos y dejar las soluciones a otros, es decir, perder la autonomía de lo ciudadano, lo colectivo frente a lo privado, una versión populista del neoliberalismo.
Próximo al mismo complejo ferial acontece cotidianamente otro hecho que muestra la superioridad de lo particular frente a lo social. La circulación de decenas de camiones a cada hora interrumpe el tránsito, congestiona el acceso de niños a centros educativos, pone en peligro a los pacientes que acuden a SOLCA, distrae a los asistentes al teatro Benjamín Carrión, daña el asfalto y más consecuencias. Miles de lojanos asumen una externalidad negativa de concesiones mineras otorgadas a empresas privadas foráneas.
Ojalá que el próximo equipo que llegue el gobierno local recupere los valores cívicos del servicio a los demás como clave de buena gestión pública.
Abel Suing
abelsuing@gmail.com