La Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional para dar solución a uno de los problemas que motivaron la intervención de la UNL convocó a Concurso Público de Méritos y Oposición para la designación de docentes, del que resultaron ganadores más de doscientos profesionales. Dicho concurso no ha sido impugnado, no obstante, no fue reconocido por el rector ni por la vicerrectora subrogante en el año 2016, quienes se negaron a emitir las respectivas acciones de personal. Dicha decisión obligó a algunos docentes ganadores del concurso a interponer acciones constitucionales y los jueces dictaron sentencias contradictorias, pero quienes aceptaron sus demandas resolvieron que se debe vincular a todos los docentes que ganaron el concurso y aceptaron su nombramiento.
Ante tal sentencia, se dictó una medida urgente por parte de la Comisión Interventora en y varias decisiones posteriores que enumeran a los docentes ganadores del concurso que aceptaron sus nombramientos, sin importar si ganaron o perdieron las acciones constitucionales, considerando además que la mayoría de docentes no interpusieron ningún proceso judicial. La Corte Constitucional, máximo órgano de control constitucional archivó la acción por incumplimiento que se generó ante la contradicción de sentencias, con lo cual se cerró un proceso de incertidumbre de los docentes unelinos, cuya legitimidad siempre ha sido reconocida por el Rector actual, por los organismos de control, por los Ministerios de Economía y de Trabajo e inclusive por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Actualmente dichos docentes vienen desempeñando funciones de docencia, investigación, vinculación y de gestión; demostrando su capacidad ante el odio, envidia y egoísmo de algunos docentes que creen que por su antigüedad son los únicos que deberían ser considerados titulares.
Manuel Salinas Ordóñez
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