La semana anterior se extendió la boleta de libertad para el exvicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, porque supuestamente existe un riesgo contra su integridad física y psicológica, luego que la militante del movimiento correísta, Nicol Malavé Illescas, habitante de Santa Elena, planteó en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Manglaralto, del cantón Santa Elena, el habeas corpus.
El recurso lo presentó ante el juez Diego Javier Moscoso Cedeño de esa judicatura, quien luego de la exposición oral que hiciera su abogado defensor, aceptó y concedió el recurso constitucional a favor del reo Jorge Glas, con lo cual queda en libertad luego de permanecer 1.645 días, en un centro de privación de la libertad.
El juez dispuso que en forma urgente se remita la providencia con la resolución al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi para su cumplimiento. Este acontecimiento fue conocido inmediatamente, por la Fiscalía, la Presidencia de la República y por el Consejo de la Judicatura, de los cuales solo se ha pronunciado la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, que dice rechazar la decisión judicial y expresa su preocupación por el abuso de las acciones constitucionales.
Si analizamos las normas legales dictadas por Rafael Correa, advertiremos que la Constitución y las leyes fueron hechas para favorecer a los intereses políticos de la Revolución Ciudadana y de sus dirigentes. Es necesario y urgente dictar una nueva Carta Magna, al margen de intereses partidarios, sino pensando en el pueblo ecuatoriano, donde tengan prioridad la salud, la educación, la atención preferente a los grupos vulnerables.
Asimismo, es necesario que se castigue a los traficantes de la salud, la corrupción, el peculado, el cohecho, la delincuencia organizada y que se disponga la incautación y remate de bienes de quienes han perjudicado a los dineros del Estado.
Luis Muñoz Muñoz